EE.UU.: Guatemala sí pagará costos de “acuerdo migratorio”

Las autoridades de Estados Unidos contradijeron ayer la versión dada por el Gobierno del expresidente guatemalteco Jimmy Morales sobre los costos que supondría el acuerdo migratorio por el que Guatemala se convierte en un “tercer país seguro”, mientras se presta a acoger a los solicitantes de asilo y se resuelven sus procesos en el país norteamericano.

 

El subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Ken Cuccinelli, afirmó que el Gobierno guatemalteco es el responsable de hacerse cargo de los migrantes provenientes de Honduras y El Salvador que lleguen al país bajo el acuerdo migratorio, lo que incluye también los costos.

Sin embargo, el exvicepresidente del país Eduardo Stein indicó que el texto del acuerdo no es preciso al respecto y que, según el “entendimiento público”, tanto el exministro de Gobernación Enrique Degenhart como la exministra Sandra Jovel aseguraron que Guatemala no se haría cargo de la financiación sino Estados Unidos.

Las declaraciones de Cuccinelli suponen un cambio respecto a la forma en que se ha manejado el acuerdo, dado que el Tribunal Constitucional de Guatemala resolvió en septiembre que el convenio no necesitaba ser aprobado por el Congreso, siempre que para la implementación del pacto no se utilizaran recursos del presupuesto nacional.

El artículo 8 del documento establece que “ninguna disposición del presente acuerdo deberá interpretarse de manera que obligue a las partes a comprometer fondos”, según informaciones del diario local Prensa Libre.

Stein ha remarcado, además, que tanto Degenhart como Jovel decían que “Guatemala solo se haría cargo de los solicitantes de asilo o refugio de El Salvador y Honduras, pero que el texto que firmaron está abierto a cualquier otra nacionalidad”.

Jovel, por su parte, negó que el acuerdo supusiera gastos para Guatemala y recalcó que se estaba tratando de dar viabilidad al texto con la colaboración de organizaciones internacionales como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El diputado del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Carlos Berreda, aseveró que es “evidente” que Jovel mintió.

“Le hicimos ver que este tipo de acuerdos tienen un impacto de tipo financiero, pues implica una coordinación interinstitucional ante la Dirección General de Migración, el Ministerio de Exteriores y otras instituciones del Estado”, explicó Berreda.

“Lo que no conocemos es el plan interinstitucional que el Gobierno de Guatemala va a plantear para darle cumplimiento al acuerdo con Estados Unidos”, se pregunta el legislador.

 

Le toca a Guatemala

Según Cuccinelli, es Guatemala la que asume los costos y se hace cargo de los migrantes salvadoreños y hondureños que llegan al país bajo el acuerdo, a pesar de que este establece que ninguna de las partes está comprometida a destinar gasto alguno.

En otras palabras, Guatemala tiene que asumir a largo plazo el financiamiento en materia de salud, seguridad y educación, entre otros, que supone atender a los migrantes que se encuentran a la espera de ser aceptados en Estados Unidos.

“No solo es una responsabilidad financiera sino de acuerdo con las leyes guatemaltecas. Es (con) su ley, su soberanía y su dinero como están apoyando el sistema de asilo”, ha declarado Cuccinelli a periodistas.

 

Giammattei quiere que se comprometan los congresos

El actual presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, ha insistido en que el acuerdo de “tercer país seguro” que regula dónde pueden los inmigrantes solicitar asilo debe ser ratificado por los Congresos de Guatemala y Estados Unidos.

El gobernante, que asumió el cargo el pasado mes de enero, indicó que además ha pedido a su Gobierno modificar el polémico acuerdo migratorio.

La medida, destinada a reducir las solicitudes de asilo de Estados Unidos, provocó críticas generalizadas por parte de grupos defensores de Derechos Humanos sobre los riesgos de enviar a personas vulnerables a un país con pobreza y violencia endémicas.

 

Aún no es claro el compromiso

 

• El acuerdo, que tiene una vigencia de dos años, podrá renovarse antes de su vencimiento, según documentos oficiales publicados por el Gobierno de Guatemala. Además, cualquier parte podrá dar por terminado el pacto -que será revisado cada tres meses- con tres meses de antelación.

 

• El documento establece que tanto Estados Unidos como Guatemala podrán “intercambiar información cuando sea necesario con sujeción a las leyes y reglamentación nacionales”.

 

• El artículo 3 del documento informa de que “Guatemala no retornará ni expulsará a solicitantes de protección en su país, a menos que el solicitante abandone la solicitud o que esta sea denegada” y especifica que durante el proceso del traslado las personas sujetas a este acuerdo “serán responsabilidad de Estados Unidos”.

 

• El texto fue firmado a mediados de 2019 en el Despacho Oval y tan solo unos días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara a Guatemala con represalias económicas si no estampaba su rúbrica en el pacto.